La Santa Sede confirmó la culpabilidad del sacerdote Damián Rodríguez Alcobendas en una causa por abuso sexual contra un menor y dispuso sanciones canónicas que incluyen la prohibición de ejercer funciones eclesiásticas y de tener contacto con menores. El religioso fue durante años una figura conocida en la comunidad de Nordelta.
La resolución fue comunicada por el Obispado de San Isidro luego de que el Colegio para el Examen de los Recursos en Materia de Delitos Graves del Vaticano rechazara la apelación presentada por el presbítero, ratificando así la sentencia dictada previamente dentro del proceso administrativo penal canónico.
De acuerdo con la decisión, Rodríguez Alcobendas fue declarado responsable del denominado “delito grave contra el sexto mandamiento cometido con un menor”, una figura del derecho canónico que refiere a faltas de índole sexual cometidas por un clérigo contra un niño o adolescente.
El fallo establece sanciones que limitan de manera permanente su actividad dentro de la Iglesia. Entre ellas se incluye la prohibición perpetua de ejercer cualquier oficio eclesiástico o función directiva o administrativa en parroquias, seminarios o instituciones vinculadas a la Iglesia.
Además, el sacerdote no podrá desempeñar tareas de docencia en ámbitos teológicos o pastorales ni recibir encargos relacionados con tutorías o acompañamiento de menores de edad.
La sentencia también dispone una prohibición por cinco años para el ejercicio público del ministerio sacerdotal, lo que implica que no podrá celebrar misas ni sacramentos de cara a la comunidad.
Rodríguez Alcobendas fue durante años párroco de la Parroquia Sagrada Familia de Nordelta y capellán en varios colegios católicos del complejo urbano ubicado en el partido de Tigre.
Según trascendió, las denuncias presentadas en la justicia penal ordinaria no habrían avanzado debido a la prescripción de los hechos denunciados. No obstante, la resolución canónica reconoce la responsabilidad del sacerdote dentro del ámbito eclesiástico.
En el comunicado difundido tras conocerse la decisión del Vaticano, el Obispado de San Isidro expresó su pedido de perdón a la víctima y manifestó su acompañamiento. Asimismo, aseguró que la sanción busca garantizar que el sacerdote no vuelva a desempeñar funciones vinculadas con menores ni con ámbitos educativos.
