El día de hoy se conoció que el juez Orlando Díaz decidió que los ocupantes deberán dejar las viviendas a medio terminar que fueron usurpadas y también los terrenos lindantes para el martes 17 de noviembre.
Para llevar adelante la negociación de la toma se creó una “ Mesa de Articulación” que está compuesta por Nación, Provincia y Municipio y participan los representantes de la Secretaría de Hábitat de la Nación; la Dirección Nacional de Proyectos de la Secretaria de Hábitat; la Dirección de Datos y Regularización Dominial del Organismo Provincial de Integración Socio Urbana de la Provincia de Buenos Aires; la Dirección Provincial de Atención Inmediata de la Provincia de Bs.As.; la Subsecretaría del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires; el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires; la Secretaría de Desarrollo Social del Municipio de Tigre; y la Subsecretaría de Hábitat y Economía Popular del Municipio de Tigre.
Según consta en la causa hay un deterioro evidente de la estructura edilicia ocupada que se encuentra en peligro de derrumbe y podría causar un daño importante a las familias ocupantes, conforme a la Auditoría Técnica realizada en el transcurso del año 2018 por el Municipio de Tigre.
Durante la mañana de hoy, personal municipal conversó con cada uno de los ocupantes y les ofrecieron firmar un acta en donde la “Mesa De Articulación” se compromete a proponer a “ocupantes” una respuesta tendiente a facilitar una solución habitacional adecuada a sus necesidades, en el marco de los proyectos que se impulsarán a tales efectos, dentro del Plan Bonaerense de Suelo Vivienda y Hábitat de la Unidad de Tierra y Vivienda de la Provincia de Buenos Aires y los acuerdos firmados entre la entonces Secretaría de Hábitat de la Nación con la Provincia de Buenos Aires y el Municipio de Tigre, teniendo en cuenta sus posibilidades presupuestarias.
De las 124 familias que están en la toma, ya 72 suscribieron el acta de desocupación voluntaria.
