La Justicia dictó una medida cautelar que suspende la habilitación de nuevos desarrollos inmobiliarios en altura en Tigre, en un fallo que impacta de lleno en el crecimiento urbano del distrito y que deja en pausa 103 proyectos que estaban próximos a aprobarse.
La resolución surgió a partir del amparo ambiental presentado por el concejal electo Sebastián Rovira (Fuerza Patria) y la ONG Compromiso con Tigre —fundada por Malena Galmarini—, quienes denunciaron el avance de emprendimientos sin los estudios de impacto urbano, ambiental y social que exige la normativa. La medida tendrá vigencia hasta que el Concejo Deliberante apruebe un nuevo Código Urbano o por un plazo máximo de seis meses. No afecta las obras ya autorizadas o en ejecución.
En su fallo, el juez señaló que el propio Municipio reconoció la necesidad de actualizar el Código Urbanístico —que tiene tres décadas de antigüedad— y observó “impactos negativos” derivados del crecimiento en altura. También cuestionó la falta de audiencias públicas, la ausencia de estudios técnicos obligatorios y un proceso de habilitaciones que generó reclamos vecinales por saturación de cloacas y servicios, aumento del tránsito y opacidad administrativa.
El intendente Julio Zamora había defendido en septiembre el Decreto 935/25, que limitó temporalmente las construcciones por encima de los ocho pisos como medida preventiva. Sin embargo, la Justicia determinó que esa restricción no se basó en estudios técnicos y que no abordaba el problema de fondo: la planificación integral del territorio.
Rovira, quien denunció públicamente los expedientes y llevó el debate a los medios, afirmó: “Necesitamos un crecimiento que sea para todos, no solo para los bolsillos de algunos funcionarios y desarrolladores. Este fallo es un primer paso enorme. Ahora vamos por un nuevo Código Urbano que ordene y dé reglas claras a la ciudad”.
La decisión judicial generó reacciones en el sector inmobiliario. Algunos desarrolladores calificaron la medida como un freno que genera incertidumbre sobre el valor de la tierra y la continuidad de inversiones. Otros señalaron que el fallo expresa una demanda social por discutir un nuevo marco urbanístico acorde al crecimiento del distrito.
El impacto no es menor: según el último Censo, Tigre alcanzó los 446.949 habitantes, con un crecimiento del 18,7%. En los últimos años, el distrito ya no solo se expandió a través de barrios privados, sino también mediante torres y edificios en corredores como Camino de los Remeros y zonas próximas a Nordelta, donde se multiplicaron los proyectos residenciales y de oficinas.
La suspensión abre ahora una etapa de definiciones políticas en el Concejo Deliberante, donde deberá debatirse un nuevo Código Urbano que actualice la normativa, incorpore criterios ambientales y establezca lineamientos para el desarrollo futuro del distrito.
