El bloque de Fuerza Patria Tigre propone prohibir la venta, comercialización y exhibición de animales vivos con fines comerciales, incluidos los criaderos destinados a ese objetivo. La iniciativa contempla multas, clausuras y un registro municipal para acompañar a rescatistas y organizaciones proteccionistas.
El concejal Sebastián Rovira, presidente del bloque de Fuerza Patria Tigre, presentó un proyecto de ordenanza junto a Mercedes García, Luis Samyn Ducó, Mariela Lomes, Juan Manuel Reboredo y Adriana La Magna para establecer un régimen integral de protección y bienestar animal.
La propuesta busca prohibir la venta, oferta, intermediación y exhibición comercial de animales vivos en establecimientos y actividades sujetos al control municipal. También alcanza a criaderos y espacios de reproducción cuya finalidad sea la comercialización.
Quedarían exceptuadas las adopciones sin fines de lucro realizadas por organismos públicos, refugios, organizaciones de protección animal, rescatistas y proteccionistas.
“Queremos avanzar hacia un Tigre donde los animales no sean tratados como una mercancía. Hay muchísimos animales esperando una familia y muchísimos rescatistas que todos los días hacen un enorme trabajo. Creemos que el Estado tiene que acompañarlos y promover la adopción responsable”, señaló Rovira.
El proyecto incorpora como antecedente la Ordenanza 13.785/25 de San Fernando, que modificó el nomenclador comercial para impedir la venta y exhibición de animales. El municipio vecino anunció su puesta en aplicación el 1 de septiembre de 2026.
“San Fernando dio un paso importante y creemos que Tigre también puede avanzar en ese sentido. Somos municipios vecinos y compartimos muchas de las mismas problemáticas. Si una política mejora la protección animal, vale la pena tomar esas experiencias y discutirlas acá”, agregó el concejal.
Para quienes incumplan la prohibición, la iniciativa prevé multas equivalentes a entre uno y veinte salarios básicos mínimos del personal municipal, además de clausuras temporarias. En casos graves o de reincidencia, contempla la clausura definitiva o la revocación de la habilitación comercial.
Lo recaudado por las multas tendría un destino específico: financiar rescates, atención veterinaria, medicamentos, castraciones, vacunación, alimentación, alojamiento transitorio y programas de asistencia a rescatistas y organizaciones.
También se propone crear un Registro Municipal de Rescatistas, Proteccionistas y Organizaciones de Protección Animal, de inscripción voluntaria y gratuita, para establecer un canal de articulación con el Municipio.
“No alcanza solamente con prohibir. También tenemos que construir una política que acompañe a quienes rescatan animales, fortalezca las castraciones, promueva la adopción y dé herramientas para intervenir frente al abandono y el maltrato. La propuesta apunta a hacer todo eso de manera integral”, sostuvo Rovira.
El proyecto deberá ser analizado por las comisiones correspondientes del Concejo Deliberante antes de llegar al recinto.
